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31/3/2022
La crisis económica ocasionada por la pandemia y la respuesta de política económica (o más bien, su ausencia) causaron daños significativos en el mercado laboral mexicano.
La tasa de participación laboral (la suma de quienes tienen un empleo y de los que están en busca de uno) en febrero de 2020 era de 60.2%, antes del comienzo de la emergencia sanitaria, y cayó hasta 47% en el segundo trimestre de ese año, el punto más álgido de la crisis.
Desde entonces, el indicador se ha venido recuperando para ubicarse en 59.5% en diciembre de 2021 lo que implica que, a dos años del estallido de la pandemia, hay trabajadores que todavía no regresan al mercado laboral.
La tasa de desempleo tampoco ha logrado recuperarse: antes de la crisis estaba en 3.6%; mientras que, en junio de 2020, durante la parte más crítica, ascendió a 5.4% y desde entonces se ha venido recuperando hasta ubicarse en 4% al cierre de 2021. Es decir, hay más desempleo que antes de la contingencia sanitaria.
Preocupa no solamente que la recuperación del empleo esté siendo débil, sino que esté resultando en empleos de menor calidad: la tasa de subocupación (el porcentaje de la población ocupada que trabaja menos horas de las que desea) se ubicaba en febrero de 2020 en 8.9%, ascendiendo a más de 25% en los peores momentos de la pandemia bajando a 11.1% en diciembre de 2021, nivel todavía más alto que antes de la crisis.
Igualmente, la población en condiciones críticas de ocupación (quienes trabajan menos de 35 horas por semana sin así desearlo, quienes trabajan más de 35 horas a la semana, pero ganando menos de un salario mínimo o más de 48 horas semanales, pero ganando menos de dos salarios mínimos) representaba el 23% de la población ocupada en febrero de 2020, y el 24.3% en diciembre de 2021.
Finalmente, la informalidad se mantiene en niveles muy altos, alcanzando el 56.2% (frente al 56.1% prepandemia).
Como puede verse, la crisis ha dejado daños importantes en el mercado laboral: más desempleo, alta informalidad, y peores condiciones laborales. En buena medida esto explica el aumento que se ha visto en el nivel de pobreza en el país. De acuerdo a Coneval, la pobreza laboral -definida como la situación en que el ingreso laboral no es suficiente para alimentar a los miembros de la familia- está todavía por encima de los niveles que registraba antes de la crisis sanitaria: en diciembre de 2021 se ubicó en 40.3% de la población, por encima del 36.6% observado en el primer trimestre de 2020. Debe ser inaceptable para la sociedad que el 40% de la población no pueda alimentar a su familia con lo que gana por su trabajo.
Hacia delante estos hechos dejan varias lecciones.
Primero, queda en evidencia que el país necesita mecanismos adecuados de protección para quienes pierdan su trabajo: hace falta diseñar un seguro de desempleo efectivo.
Segundo, es necesario reducir la informalidad: un trabajador informal no tiene protección ante eventos de pérdida de ingreso o de enfermedad.
Tercero, es necesario desarrollar mecanismos que permitan, en situaciones de contracción económica, implementar políticas fiscales contracíclicas que ayuden a mitigar los efectos de crisis macroeconómicas en la población más vulnerable.
Además, las cifras evidencian la imperiosa necesidad de mejorar el clima de certidumbre para lograr mayores niveles de inversión.
Solamente con mayor inversión se lograrán más y mejores empleos. El fomento a la generación de puestos laborales bien remunerados es la mejor y más efectiva política social.
También es con mayor inversión que se logrará un mayor crecimiento -condición necesaria, más no suficiente- para alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar para toda la población.
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