21/8/2023
Los
tratados de libre comercio y los Acuerdos para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (APPRI) de los que México es parte, tienen como
objetivo promover la inversión extranjera, garantizar a ésta un trato bajo
ciertos estándares, así como la previsibilidad y estabilidad del marco legal
sobre inversión. Además, establecen un mecanismo de solución de disputas donde
los inversionistas extranjeros pueden dirimir una controversia con el país de
establecimiento, sin la necesidad de recurrir a su propio gobierno para
presentar la reclamación, evitando así que el caso se politice. Asimismo, estos
pueden acceder a una indemnización si el país es condenado por incumplir sus
compromisos.
Según
la Secretaría de Economía, quien se encarga de la defensa en esas disputas,
desde 1997 hasta 2022 se concluyeron 23 demandas contra México, donde se
reclamaron más de $3,362 millones de dólares como indemnización, en el marco
del TLCAN y diversos APPRI.
De
ellos, nueve fueron resueltos a favor de los inversionistas extranjeros a los
que México pagó más de 260 millones de dólares como compensación, sin
considerar intereses u otros gastos. En el caso de Cargill, concluido en 2009,
México pagó 79.3 millones de dólares, la mayor cifra pagada hasta el momento.
Asimismo, 12 de ellos fueron resueltos a favor de México y dos no continuaron,
por lo que el país no tuvo que pagar indemnizaciones, aunque sí tuvo que
destinar recursos para su defensa.
Adicionalmente,
la Secretaría de Economía reporta que existen 14 avisos de inversionistas
extranjeros con la intención de someter una reclamación a arbitraje contra
México; es decir, que esperan llegar a una solución con el gobierno antes de
iniciar una disputa internacional, aunque en la práctica es poco común que eso
suceda. De ellos, 13 se presentaron de 2018 a la fecha, siendo 2020 el año de
mayor frecuencia, con cinco notificaciones.
Además,
dicha Secretaría enlista 13 casos activos que están siendo litigados desde 2015
a la fecha; de ellos, cuatro iniciaron en 2023. En los casos activos se
reclaman más de 8,594 millones de dólares de indemnización, sin considerar los
casos que no revelan una cantidad. Esta cifra es 33 veces mayor que el monto
pagado por México en los casos que ha perdido en 25 años.
Sin
embargo, los números de avisos y casos activos contrastan con los del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés), que
administra los procedimientos de arbitraje, que reporta nueve arbitrajes
iniciados contra México bajo el TLCAN y el TMEC en 2023; el mayor número en un
año. De éstos, tan sólo en julio se registraron cuatro de First Majestic Silver (minería), Silver Bull Resources (minería), Arbor Confections (alimentos) y Mario Noriega (transporte),
presumiblemente derivados de políticas de la presente administración. El monto
reclamado total se desconoce.
Este
aumento exponencial de reclamaciones pondrá a prueba la capacidad de respuesta
del gobierno mexicano para atender las preocupaciones de los inversionistas y
evitar que escalen a una demanda internacional; además, se tendrán que destinar
más recursos para su defensa. Asimismo, de resultar México condenado, tendrá
que pagar indemnizaciones, dejando de destinar presupuesto a otros temas
prioritarios para el país, con la posibilidad de desalentar la inversión
futura.
Si
México desea evitar un aumento de demandas, así como promover la permanencia y
atracción de inversiones extranjeras -en especial para aprovechar las
oportunidades del nearshoring-, las
acciones del gobierno mexicano deberán ser compatibles con sus obligaciones
internacionales, garantizar el Estado de Derecho y propiciar un clima de
negocios favorable para la inversión.
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