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03/02/2010
En marzo, Ley de Fomento Económico
P pide certeza jurídica y crear un Consejo Consultivo Económico
Antes del 15 de marzo próximo Puebla contará con una nueva Ley de Fomento Económico, y para finales de este año se promulgará el respectivo reglamento, lo que dará certeza a la política económica de la entidad. Además el Instituto Poblano de la Competitividad será incorporado a la Sedeco, se modificarán sus objetivos y funciones.
Empresarios adheridos al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han sostenido cuatro reuniones de trabajo con diputados de la Comisión de Desarrollo Económico, en las que han hecho propuestas y observaciones para garantizar el desarrollo económico del estado, están pendientes dos reuniones más para afinar algunos puntos, luego los diputados derogarán la norma vigente y votarán la nueva ley marzo próximo por el pleno del Congreso Local.
Al principio asistieron unos 60 empresarios, en mesas de trabajo, pero luego ya sólo asistieron unos cuantos, digamos una comisión y apoyados, dicen, en su área jurídica han sugerido a los diputados qué aspectos debe contemplar la nueva ley, tales como:
+ Certeza jurídica a los inversionistas, locales y extranjeros;
* Crear un Cuerpo Colegiado o algo parecido a un Consejo Consultivo, integrado por empresarios, organismos empresariales y universidades para participen en la “definición” de desarrollo económico, participen en la toma de decisiones y opinen la viabilidad o no de determinados programas o proyectos que incidan en el fomento económico del estado.
+ Poner “candados” a los terrenos que otorgue el propio gobierno a posibles inversionistas para acabar con la especulación. Es decir, que se fije un plazo para la instalación de la empresa, caso contrario recuperarlos y que se puedan utilizar pero sin modificar el uso del suelo.
+Se agilicen y disminuyan trámites para instalar empresarios, de cualquier sector
+ El Estado y los municipios otorguen incentivos financieros y/o fiscales para las actividades económicas
+ Asegurar el recurso a la Secretaría de Desarrollo Económico, para evitar que cada año se recorte su presupuesto. El monto que sea una parte proporcional del PIB del Estado, o fijar un mínimo y que esté etiquetado.
+ Definir zonas industriales tanto ubicación como conceptos. Es decir qué es un parque industrial, un área de impacto; lo mismo en Plaza Comercial o Centro Comercial
+ Precisar tipos de sanciones y plazos para cubrirlas, autoridades que se involucran para evitar confusiones y se cumplan con normas estatales o federales en la operación de empresas, sean industriales (principalmente), comerciales o de servicios.
Entre las sugerencias de los empresarios más las de los diputados, algunos aspectos no pueden quedar incluidos en la Ley de Fomento Económico, sino que serán contemplados en el Reglamento correspondiente. Uno de los puntos es lo referente a estímulos o beneficios que otorguen los municipios, ya que al ser autónomos son los únicos que pueden decidir si aceptan o no dar tales apoyos, además que están facultados a manejar su propia Hacienda, es decir su Ley de Ingresos, así que no puede ser un mandato de estatal respaldar ciertas inversiones, aunque puede ser una sugerencia o que se logre mediante un acuerdo entre ambos niveles de gobierno.
Además, todo depende de las condiciones de las administraciones municipales, de sus recursos y lo mismo en lo concerniente al Estado.
Posiblemente para finales de este mes se de una revisada al texto de la próxima legislación, si está o no de acuerdo las necesidades de los empresarios, a la visión de desarrollo que pretende imprimirle el gobierno al estado de Puebla, y que no queden vacíos legales o acciones contrapuestas como ocurre en la actualidad.
El futuro del Instituto Poblano para la Productividad y la Competitividad está garantizado pero se harán modificaciones a sus objetivos, será dependiente de la Sedeco y se definirán sus actividades para evitar vuelvan a suscitarse problemas sobre el tipo de servicios que presta, como el ocurrido hace más de un año que se incurrió en presunto delito electoral por parte de su exdirector Gabriel Molina.
Las fuentes consultadas aseguran que no se pretende concesionar servicios o actividades al sector privado, sino clarificar las actividades económicas del estado, definir el tipo de desarrollo que se quiere y que haya una claridad en las funciones del gobierno y del sector privado.
socole@prodigy.net.mx / balanceenlinea@hotmail.com
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