Elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública del estado arribaron al campus de la Universidad
de las Américas Puebla (Udlap) ubicado sobre la recta a Cholula, para proceder
con el desalojo de estudiantes, docentes y personal administrativo que se
encontraban, así como el aseguramiento de bienes y la clausura de algunos
accesos al inmueble.
Al
concretarse el desalojo de instalaciones, ingresaron camionetas con elementos de
la Policía Estatal, quienes tomaron control de los accesos y custodia de las
instalaciones, hasta el momento.
El
operativo policiaco fue con base en la resolución emitida por el Juzgado
Segundo de lo Civil, de San Andrés Cholula, con tal de restituir o “poner en
posesión” de la Fundación de la UDLAP I.B.P, por conducto de su presidente
Horacio Magaña Martínez, las instalaciones de la Universidad de las Américas
Puebla, ubicada en la exhacienda Santa Catarina Mártir S/N, en San Andrés
Cholula.
Además,
según la resolución se ordenó al rector Luis Ernesto Derbez Bautista y a
cualquier otra persona que ejerza puestos administrativos, directivos o seguridad
a que se abstengan a impedir el cumplimiento del mandato emitido.
El
operativo fue condenado por la tarde tanto por Derbez Bautista como por la
Fundación Mary Street Jenkins, quienes por separado calificaron el hecho de “ilegal”, y
desconocieron a Magaña Martínez como presidente del patronado de la Fundación
Udlap.
Origen del conflicto
Al interior
de la familia Jenkins hay una pugna por el control del multimillonario patrimonio
heredado por William O. Jenkins de 720 milloones de dólares.
Al ser
destituido de forma ilegal como titular de la Fundación Jenkins, Guillermo Jenkins
de Landa inició en 2014 un proceso jurídico en contra de su padre Guillermo
Jenkins Anstead (muerto en 2016), su madre Sofía de Landa de Jenkins y sus
cinco hermanos, y oros miembros de la Fundación Jenkins por supuestamente
violar el testamento del patriarca de la familia y por desviar 720 millones de
dólares (14 mil 276 millones de pesos) hacia la Fundación Bienestar de la
Filantropía y, posteriormente, a la Fundación para el Desarrollo
Latinoamericano.
El
patrimonio está constituido por la Udlap, el Colegio Americano de Puebla,
varios inmuebles comerciales y deportivos, obras de arte, acciones de empresas,
cuentas bancarias, y otros bienes inmuebles y muebles.
Todo el
patrimonio lo sacaron de la Fundación Udlap y ahora lo convirtieron en ‘herencia’
particular, lo “donaron” a la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, la
cual trasladó el dinero a Barbados y Panamá.
Desde
2014 está interpuesta la denuncia por Guillermo Jenkins de Landa, incluso en
2017 la denuncia se interpuso ante la Procuraduría General de la República
(PGR), pero no hubo investigación ni seguimiento por parte de las autoridades
estatales.
En 2019
el gobierno del Estado retoma el caso, avanza la investigación; además la
Fiscalía General de la República (FGR) detectó irregularidades en el
procedimiento, sobre todo que pretendía concluir la investigación penal y, con
ello, ocultar el presunto fraude.
Por
consiguiente, el caso es abordado tanto por la a Unidad Especializada en
Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y
Falsificación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia organizada de la FGR, y por la Fiscalía de Investigación
Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Por ello
se han emitido órdenes de aprehensión en contra de Elodia Sofía de Landa de
Jenkins (madre), los cinco hermanos, Juan Eustace Jennkins (primo) y cuatro
personas más miembros del patronato de la Fundación Jenkins, todos ellos
denunciados por Guillermo Jenkins de Landa.
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