El
pleno del Senado de la República aprobó este jueves la Ley Federal de Zonas
Económicas Especiales y la reforma al Artículo 9 de la Ley General de Bienes
Nacionales, cuyo objetivo es regular la planeación, el establecimiento y la
operación las zonas del país con mayor rezago económico y social.
El
dictamen fue aprobado con 88 votos a favor y 8 en contra, y se turnó nuevamente
a la Cámara de Diputados por las 20 modificaciones a 50 artículos que hicieron
los senadores.
Las
Zonas Económicas Especiales corresponde a tres áreas: la de Tapachula, Chiapas
(sur); la del Corredor Interocéanico, que abarca de Coatzacoalcos, Veracruz
(oriente), a Salina Cruz, en Oaxaca (sur) y la de Lázaro Cárdenas, que
incluiría los estados de Michoacán y Guerrero (occidente y sur).
En el
dictamen se indica que estas zonas serán consideradas áreas prioritarias del
desarrollo nacional y el Estado promoverá incentivos para la participación del
sector privado y social contribuyan al desarrollo económico y social de las
regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable
con vertientes sectoriales y regionales.
La
nueva ley busca reducir la pobreza, fortalecer servicios básicos y expandir las
oportunidades para una vida saludable y productiva en las regiones del país que
tengan mayores rezagos en el desarrollo social, a través del fomento de la
inversión, la productividad, competitividad, empleo y una mejor distribución
del ingreso entre la población.
Además,
establece que “deberán ubicarse en las entidades federativas que, a la fecha de
la emisión del dictamen, se encuentren entre las 10 entidades federativas con
mayor incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con la información oficial del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”.
Entre
los cambios hechos por los senadores está que, las personas físicas o morales
que operen en las Zonas Económicas Especiales como Administradores Integrales o
Inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así
como facilidades administrativas e infraestructura competitiva.
Cada
zona contará con una ventanilla única, encargada de coordinar la recepción,
atención y resolución de todos los trámites que deban realizar el administrador
integral, los inversionistas y las personas interesadas. Se establecen
beneficios fiscales para las zonas en materia de IVA e ISR.
Los
permisos para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de
zonas podrán otorgarse hasta por un plazo de 40 años, prorrogables hasta por
otro periodo igual al señalado originalmente.
El
Ejecutivo federal enviará un informe al Congreso de la Unión sobre la operación
de cada zona y los resultados obtenidos en términos de desarrollo económico y
social del área de influencia, con tal de abonar a la transparencia y como una
herramienta para dar seguimiento a las políticas e inversiones públicas que se
ejecuten.
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