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Un nuevo intento de arreglo propondrán mañana miércoles a los miles de defraudados de Puebla -exclusivamente- los abogados de Leonardo Tiro Moranchel, dueño de Sitma; mientras que por el lado de Invergroup se pretende concretar un convenio para pagar uno a uno, así podría reducirse la fianza de Edmundo Tiro Moranchel hasta salir de la cárcel.
Una vez que fue descartado el fideicomiso con el apoyo de un banco para subsanar el conflicto de Sitma, este miércoles Xavier Olea Peláez, abogado de Leonado Tiro, se entrevistará con el personal de la Secretaría de Gobernación y de las Procuradurías General de Justicia y del Ciudadano para presentar una posible solución, la cual una vez evaluada se hará lo mismo con los representantes de cada una de la sucursales de la empresa defraudadora.
Entrevistado por Balance Financiero, Francisco Díaz, Gil, subsecretario de Gobernación, afirmó que la solución al conflicto únicamente beneficiaría a los poblanos defraudados, no así a los de otras entidades del país, ya que estos últimos “mantienen denuncias penales en sus respectivos estados de residencia y por ley no pueden trasladarse esos asuntos a Puebla. Si fueran denuncias civiles entonces sí pueden hacerse aquí”.
“Tal como lo señala el contrato, que en su momento firmaron con esa empresa, se atendrían a las leyes de Puebla, porque es un contrato mercantil y la denuncia tendría que hacerse en esos términos, no penal como es el caso. Así que no es posible trasladar o sumar las quejas penales de otros estados”, destacó.
Y es que el pasado fin de semana en el Jardín de El Carmen de la capital poblana se reunieron casi un millar de víctimas de Sitma, Invergroup, Burcap, La Paz, entre otras empresas, procedentes de varios estados de la república, como Jalisco, Veracruz, Morelos, Estado de México, Guanajuato, para unir fuerzas y presentarse como un solo movimiento y demandar a la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de los fraudes y se cree un fondo para reparar el daño económico.
Al respecto el funcionario de Gobernación evitó especular sobre cuál podría ser la “salida” que mañana den los abogados del despacho Olea y Olea al fraude de Sitma, puesto que “los bancos rechazaron integrar el fideicomiso, y posiblemente tampoco una afianzadora quiera asumir el riesgo. Esperaremos a conocer la propuesta, ver si es viable y presentarla a los denunciantes”, señaló.
Ante el camino que ahora tomaron los miles de defraudados, Díaz Gil advirtió el riesgo de que “se politice” el conflicto, al pretender involucrar a partidos políticos, pues esto “complicaría más la solución”.
Invergroup arreglo uno a uno
Respecto al fraude de Invergroup -que mantiene en la cárcel desde noviembre pasado al dueño Edmundo Tiro Moranchel, y también socio de Sitma-, sus abogados del despacho Trejo y Pineda pretenden hacer un convenio directamente con los afectados, que son menos comparados con los de Sitma.
El subsecretario de Gobernación apuntó que al estar asegurados (no decomisados) los bienes, los representantes legales de la firma pueden disponer de ellos en la medida en que los afectados acepten la propuesta de arreglo. “Es prácticamente un arreglo de uno a uno, no significa crear un fondo o fideicomiso, sino que sería el pago individual, prácticamente.”
Si los defraudados por Invergroup aceptan la propuesta y se procede al pago, en la misma medida podría fijársele una fianza a Edmundo Tiro, hasta que concluya el caso o no haya más denuncias y pueda salir del Penal de San Miguel en Puebla.
Los funcionarios de Gobernación también se mantendrían atentos al ofrecimiento que lleguen a realizar los abogados Trejo y Pineda que sea entendido y aceptado por los casi mil defraudados por Invergroup, concluyó Díaz Gil.
Cabe recordar que Edmundo Tiro fue aprehendido en noviembre pasado en Mérida, Yucatán y trasladado a Puebla, el juez Primero de lo Penal otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza a lo que se opuso el agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado, tomando en cuenta el número de agraviados por Grupo Sitma e Invergroup.
En contra de Invergroup hay una 800 denuncias que representan casi 100 millones de pesos; mientras que en contra de Sitma rebasan las cinco mil 600 denuncias por un monto cercano a los 666 millones de pesos.
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